Verica Trstenjak, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha sido tajante con su dictamen: el canon digital que se aplica en España es ilegal. Trstenjak pone en duda el canon que se aplica en España para compensar a los titulares de la propiedad intelectual como respuesta a la consulta realizada por la Audiencia de Barcelona sobre la idoneidad de la legislación española relativa al canon y de este modo poder pronunciarse sobre el proceso judicial abierto que enfrenta a la SGAE con la empresa Padawan.
En palabras de la abogada:
Un sistema nacional que prevé la aplicación de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de forma indiscriminada (como ocurre en España) no es compatible con la normativa comunitaria.
Además hace especial hincapié en que:
Para ajustarse a la ley, este tipo de tasa —recaudada a favor de autores, artistas y productores— en ningún caso puede cobrarse indiscriminadamente a empresas y profesional que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada.
La SGAE reclamó a la empresa Padawan el pago de una compensación por importe de 16.759,25 euros, correspondiente a los dispositivos de almacenamiento (CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos de MP3) comercializados por Padawan entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004.
Las conclusiones de la abogada general, aunque no vinculan al Tribunal de Justicia, se posicionan pues en favor de la empresa Padawan. De todos modos la Audiencia de Barcelona tendrá la última palabra en el proceso.
La legislación española permite la reproducción para uso privado, sin autorización del autor, de obras ya divulgadas y el canon solo debería aplicarse en esos equipos y materiales que se fueran a usar para la realización de copias privadas y no en todos los casos.
El canal catalán TV3 ha emitido un interesante reportaje centrado en la polémica de las mal llamadas “descargas ilegales” en el que se recojen los diferentes puntos de vista del debate.
Por un lado tenemos a entidades como Promusicae, que agrupa a la mayoría de las distribuidoras de música como Sony, EMI, Warner o Universal, y a responsables del Ministerio de Cultura que defienden la necesidad de una Comisión de Cultura (independiente del poder judicial) que tenga la potestad de bloquear las páginas de enlaces P2P para defender el negocio de la música.
Por el otro vemos a gente como Enrique Dans (@edans), David Bravo (@dbravo) o la asesoría @exgae que argumentan que el modelo de negocio de las discográficas ya no es viable y que no es delito el intercambio de archivos (menos aún las páginas de enlaces).
También podemos ver casos de grupos musicales que han decidido promocionarse en las redes sociales para conseguir giras y conciertos sin necesidad de que intervenga un distribuidor o la web http://www.apadrinaunartista.com/ en la que los usuarios invierten una determinanda cantidad de dinero en el disco que desean que salga al mercado.
Vídeo: http://www.tv3.cat/videos/2861590/Zona-de-descarregues [catalán]
Esta es la primera vez que se repite una entrada en este blog, pero la extrema gravedad del asunto bien lo merece. Finalmente este pasado viernes (festivo en gran parte de Españ) el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, promovido por la Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, y que periodistas, bloggers y usuarios consideramos que amenaza los derechos de los internautas.
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en Españaante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectualorientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas.No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
Desde hace años muchos abogados especializados en el sector lo venían defendiendo y numerosas sentencias corroboraban algo contra lo que supuestamente quiere luchar la Comisión de Propiedad Intelectual ya que considera ilegal: Las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
En este caso la sentencia viene por parte del Juez Raúl N. García Orejudo: la SGAE interpuso en 2007 una demanda contra el particular Jesús Guerra Calderón, dueño de la página de enlaces a contenidos de descarga P2P, elrincondejesus.com, por considerar que vulneraba los derechos de autor. En la web se colgaban los enlaces que permitían la descarga del contenido a través de redes P2P, en ningún caso se almacenaban los archivos.
En el escrito del juez podemos leer:
[...] la página de enlace a redes P2P, de la manera en que se configura la web de elrincondejesus, no vulnera en la actualidad los derechos de explotación que les confiere a los autores la Ley de Propiedad Intelectual. El sistema de enlaces o links que se ha descrito, desarrollado por el demandado en este caso, no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública.
[...] en el sistema de protección regulado por la Ley de Propiedad Intelectual, adaptado a la normativa comunitaria, no se contiene previsión alguna que prohíba favorecer, permitir u orientar a los usuarios de la red de Internet que acceden a esta página, la búsqueda de obras que luego van a ser objeto de intercambio a través de las redes P2P. En un sentido amplio, el sistema de enlaces constituye la base misma de Internet y multitud de páginas y buscadores (como Google) permiten técnicamente hacer aquello que precisamente se pretende prohibir en este procedimiento, que es enlazar a las llamadas redes P2P.
Justamente estos derechos son los que intenta prohibir la disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, creando una Comisión de Propiedad Intelectual que sin necesidad de una orden judicial pueda bloquear páginas web que tan solo tengan los enlaces a las descargas de contenido, lo cual no constituye delito alguno.
Enlazar en la web de la manera que lo hace elrincondejesus.com no supone distribuir, ni reproducir, ni comunicar públicamente obras protegidas. [...]
Adjunto: PDF de la sentencia
Apple lo tenía muy claro hace 7 años cuando decidió revolucionar el mercado discográfico de aquel entonces con el lanzamiento de iTunes, la tienda online de música que permitía al usuario comprar canciones sueltas y descargarlas en su equipo en lugar de tener que comprar todo el CD.
Inicialmente la venta de las canciones se realizó a un precio único de 99 centavos y ahora permite a las discográficas fijar su precio dentro de una franja que va de los 69 centavos de dólar a los 1,29 dólares y sin protección anticopia embebida en los ficheros.
Actualmente los beneficios de iTunes alcanzan los 520 millones de dólares por trimestre y es la primera distribuidora de música en Estados Unidos por delante de Wal-Mart (tienda física).
Mientras en este lado del charco entidades como la SGAE y empresarios de la industria discográfica intentan defender un modelo de negocio que no se ajusta a la situación actual y tratan de hacernos creer que la música está en crisis… (aunque su presidente vaya a cobrar una pensión vitalicia de 24.500€ mensuales)
Vía: http://www.apple.com/itunes/10-billion-song-countdown/